Decisiones del Ejecutivo, administración pública, legislación, elecciones y actores políticos venezolanos.
Washington negocia con Caracas un marco para una presencia militar a largo plazo
El Departamento de Estado negocia un acuerdo de estatus de fuerzas con Venezuela, según informó The New York Times el 3 de noviembre. El pacto dejaría para más adelante el número de efectivos y sus ubicaciones. En un análisis publicado en Foreign Polic...

LAS CLAVES
- El Departamento de Estado sostiene que no está negociando bases, y Washington afirma haber suscrito acuerdos de estatus de fuerzas con más de 100 países.
- Drones y helicópteros venezolanos atacaron el 30 de octubre un campamento del ELN en Apure, y cuatro funcionarios estadounidenses dijeron que Washington facilitó inteligencia y apoyo con drones.
- El acuerdo petrolero concede a NABEP derechos durante 100 años sobre 17 campos, y el Pentágono posee el 35% de la compañía mediante penny warrants.
- Expertos citados por Associated Press estiman que las reservas probadas reales de Venezuela serían de entre 60.000 y 120.000 millones de barriles, cerca de un tercio de la cifra oficial.
Qué se negocia y qué niega Washington
La información sobre las conversaciones se conoció un día después de que Marco Rubio recibiera al nuevo ministro de Exteriores venezolano, Oliver Blanco. Era el 2 de noviembre y Blanco llevaba una semana en el cargo. El comunicado de la reunión abordó las reformas electorales, los presos políticos y el plan de Donald Trump: primero estabilización; después, recuperación económica y reconciliación; por último, transición democrática. No incluyó ninguna referencia militar.
Según The New York Times, el acuerdo en negociación establecería el marco jurídico para una presencia estadounidense prolongada, mientras que otros convenios posteriores concretarían los efectivos y los lugares de despliegue. El Departamento de Estado sostiene, por su parte, que no está negociando bases.
Washington afirma haber suscrito acuerdos de estatus de fuerzas con más de 100 países. Estos instrumentos regulan cuestiones como las visitas de buques, el adiestramiento y los ejercicios militares. Khalid reconoce que son habituales y que la mayoría no regula ocupaciones, pero considera decisivo el contexto venezolano: tropas estadounidenses capturaron al presidente del país el 3 de enero y la autoridad interina que negocia ahora carece de mandato electoral.
La cooperación militar ya está en marcha
Las negociaciones llegan después de varias operaciones con participación estadounidense. El 30 de octubre, drones y helicópteros venezolanos atacaron un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano en Apure, cerca de la frontera con Colombia. Cuatro funcionarios estadounidenses dijeron a The New York Times que Washington había facilitado inteligencia y apoyo con drones. La organización fronteriza FundaRedes contabilizó 23 víctimas.
En junio, un ataque aéreo del Comando Sur mató a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, uno de los fundadores del Tren de Aragua. La operación contó con inteligencia de la CIA y participación de fuerzas venezolanas. Tras los terremotos de ese mismo mes, unos 2.000 militares estadounidenses se desplegaron en Venezuela y sus alrededores, aunque posteriormente se retiraron. La embajada estadounidense reabierta en Caracas cuenta ya con un agregado militar.
Khalid admite que el ELN y el Tren de Aragua son amenazas reales y señala que el Ejército venezolano, que durante años dio refugio a guerrilleros, ahora los ataca. Su objeción se centra en el alcance del compromiso: advierte de que las cifras de tropas, las ubicaciones y la duración quedarían para acuerdos posteriores que, según su análisis, no pasarían por una legislatura venezolana elegida ni por el Senado estadounidense.
Una concesión petrolera de cien años
El otro elemento central del análisis es el acuerdo petrolero anunciado en septiembre, que otorga a Washington una participación en aproximadamente una quinta parte de los recursos petroleros venezolanos. Caracas concedió a North American Blue Energy Partners (NABEP), del empresario Alejandro Betancourt, derechos durante 100 años sobre 17 campos que albergan 65.000 millones de barriles de reservas probadas. El Pentágono posee el 35% de la compañía y Estados Unidos tiene garantizada la compra de una quinta parte de su producción a precio de coste.
Un funcionario estadounidense explicó a Reuters el 3 de septiembre que la participación del Pentágono se había estructurado mediante "penny warrants", derechos de compra de acciones a un precio simbólico, para protegerla frente a la dilución. Añadió que los 17 campos se adjudicaron sin un procedimiento competitivo. Según OilPrice.com, Betancourt ha sido investigado por blanqueo de capitales y corrupción en Estados Unidos y Europa, aunque nunca ha sido acusado formalmente y niega las irregularidades.
Las cifras nacionales de reservas también están en discusión. Venezuela encabeza la clasificación oficial mundial con unos 303.000 millones de barriles, cerca del 17% del total. El informe de la OPEP de 2026 eleva la cifra a 303.700 millones, frente a los 267.000 millones de Arabia Saudí y los 208.000 millones de Irán. Sin embargo, Associated Press informó el 22 de octubre de que media docena de expertos estimaban las reservas probadas reales venezolanas en entre 60.000 y 120.000 millones de barriles, aproximadamente un tercio de la cifra oficial. Francisco Monaldi, de Rice University, calculó que solo entre 10.000 y 15.000 millones podrían clasificarse como probadas a corto plazo; Luisa Palacios situó su estimación en unos 6.500 millones.
Por otra parte, un informe del Departamento de Estado publicado el 12 de noviembre documentó desembolsos a Venezuela de 12.100 millones de dólares entre enero y septiembre desde una cuenta controlada por Estados Unidos.
Khalid interpreta la participación del Pentágono en una concesión centenaria como un incentivo para mantener una presencia militar que la proteja. En ese contexto sitúa las palabras de Trump, que el mismo lunes de la visita de Blanco se refirió a Venezuela como una conquista estadounidense. La vinculación entre los contratos y futuras guarniciones es la tesis del autor, no una finalidad reconocida por el Departamento de Estado.
El mandato pendiente en Caracas y el precedente de Guantánamo
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, no ha anunciado una fecha electoral. Trump sostiene que Venezuela aún no está preparada para celebrar elecciones, mientras que María Corina Machado, de regreso tras diez meses de exilio, reclama comicios presidenciales para julio. Para Khalid, la autoridad interina no solo carece de mandato para asumir un compromiso militar duradero, sino también de fuerza negociadora frente a Washington.
El 16 de noviembre, docentes, personal de enfermería y sindicatos universitarios participaron en un paro nacional de 12 horas. Reclamaban un pago de fin de año de 960 dólares al que el Gobierno no había respondido; el ingreso mínimo mensual es de 240 dólares. Khalid contrapone esa reclamación pendiente con la negociación del estatus jurídico de tropas extranjeras para cuestionar las prioridades del Ejecutivo.
Su advertencia histórica remite a Cuba. En 1901, la retirada de las fuerzas estadounidenses quedó condicionada a la aceptación de la Enmienda Platt, que incluía la venta o el arrendamiento de terrenos para estaciones navales. El arrendamiento de Guantánamo se acordó en febrero de 1903. Washington derogó la enmienda en 1934, pero mantuvo el arrendamiento, y la base sigue funcionando.
El acuerdo de 1903 estableció un alquiler anual de 2.000 dólares en monedas de oro. Tras la Gold Reserve Act, en 1934 se ajustó a 4.085 dólares, en valor de ese año. Según Wikipedia, el Gobierno cubano solo ha aceptado un pago desde la Revolución de 1959: Fidel Castro afirmó que aquel cheque se había depositado por confusión. No ha depositado ninguno más desde entonces.
Khalid utiliza ese precedente para sostener que un compromiso militar puede sobrevivir al régimen político bajo el que se firmó. A su juicio, cerrar ahora el acuerdo venezolano equivaldría a dar cobertura legal a una relación de protectorado antes de que la población pudiera pronunciarse.
Las vías de control que plantea Khalid
Las mayorías demócratas que ganaron ambas cámaras del Congreso el 3 de noviembre disponen, según el autor, de tres instrumentos para impedir que el arreglo interino se consolide sin control. El primero es reclamar el texto negociado. Funcionarios del Departamento de Estado informaron a algunos asesores parlamentarios a finales de octubre, pero Khalid considera insuficiente esa sesión informativa como mecanismo de supervisión.
El segundo sería exigir que el pacto adopte la forma de tratado, en lugar de acuerdo ejecutivo. Un informe del Congressional Research Service de 2009 señala que el único acuerdo de estatus de fuerzas, o SOFA, del que Estados Unidos es parte y que se concluyó como tratado es el de la OTAN, en vigor desde el 23 de agosto de 1953. Todos sus acuerdos suplementarios se celebraron como acuerdos ejecutivos.
Esa preferencia por la vía ejecutiva se extiende más allá de los SOFA: el mismo informe contabiliza unos 16.500 acuerdos ejecutivos estadounidenses entre 1939 y 2009, frente a aproximadamente 1.100 tratados. Khalid defiende una excepción para Venezuela y sostiene que una presencia militar indefinida en un país atacado por Estados Unidos diez meses antes exige la aprobación de dos tercios del Senado.
La tercera propuesta consiste en prohibir por vía presupuestaria la financiación de cualquier presencia permanente hasta que un Gobierno venezolano elegido ratifique el acuerdo. El autor sostiene que esa restricción no privaría a Washington de recursos que necesite este año, pero sí quitaría a la concesión petrolera su garantía militar. Por ello prevé resistencia de la Casa Blanca.
Investigaciones previstas y una firma aún pendiente
El escrutinio sobre el petróleo ya se está preparando. OilPrice.com informó el 17 de noviembre de que congresistas demócratas organizaban múltiples investigaciones y citaciones sobre el acuerdo con NABEP. Entre ellos figuran el representante Robert Garcia, que presidirá el Comité de Supervisión de la Cámara, y el senador Jack Reed, del Comité de Servicios Armados del Senado.
La consultora Rystad Energy advirtió de que ese control parlamentario podría retrasar más allá de 2040 proyectos venezolanos que representan unos 500.000 barriles diarios de producción potencial.
El siguiente hito político es la constitución del nuevo Congreso en enero. Khalid advierte de que, si Rubio firma antes, el compromiso quedaría cerrado entre una mayoría estadounidense saliente y un Gobierno venezolano no elegido. Su propuesta es supeditarlo al voto del Senado y a la ratificación de un Ejecutivo electo en Caracas, sin descartar que el acuerdo pueda salir adelante con esas condiciones.



