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Machado reclama una revisión del acuerdo petrolero entre EE. UU. y la empresa de Betancourt

María Corina Machado pidió el 18 de noviembre, desde la sede de su partido en Caracas, examinar en detalle el pacto petrolero de Estados Unidos con la empresa de Alejandro Betancourt, asociado a una inversión prevista de 100.000 millones de dólares. La...

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Resumen elaborado con IA

LAS CLAVES

  • Machado afirma que no ha leído el contrato firmado el 30 de agosto y que emitir un juicio sería irresponsable.
  • Si llega al poder, Machado revisará cada nuevo acuerdo petrolero para comprobar su cumplimiento con la ley y la Constitución.
  • El pacto concede a NABEP derechos de explotación durante 100 años sobre 17 campos venezolanos, según la Casa Blanca.
  • Según los términos divulgados, el Departamento de Estado compraría el 20% de la producción a precio de coste y tendría primera opción sobre el 80% restante.
  • Machado acusó a Betancourt de corrupción obscena y dijo que no lo consideraría un socio comercial viable.

Revisión de los contratos y garantías de transparencia

Machado aclaró que no ha leído el contrato firmado el 30 de agosto por los departamentos de Defensa y de Estado y que, sin conocerlo, sería irresponsable emitir un juicio definitivo. Aun así, reclamó que se examine para proteger los intereses nacionales y garantizar su legalidad.

Si llega al poder, aseguró, revisará cada nuevo acuerdo petrolero para comprobar su cumplimiento de la legislación y la Constitución. También prometió a los inversores seguridad jurídica, un marco fiscal competitivo y transparencia, sin renunciar a una alianza sólida con Estados Unidos.

Su postura sobre Betancourt es crítica: en una entrevista con The New York Times, la dirigente, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, lo acusó de corrupción obscena y afirmó que no lo consideraría un socio comercial viable si asumiera el poder.

Los compromisos del pacto petrolero

Los 100.000 millones de dólares vinculados al acuerdo corresponden a la inversión que North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa de Betancourt, prevé destinar a infraestructura petrolera. Según el medio especializado OilPrice, no se trata de un compromiso de fondos de los contribuyentes estadounidenses.

El pacto concede a NABEP derechos de explotación durante 100 años sobre 17 campos venezolanos. La hoja informativa publicada por la Casa Blanca el 31 de agosto de 2026 les atribuye reservas probadas de 65.000 millones de barriles, cerca de una quinta parte del total del país. Muchos de esos campos pertenecían antes a empresas rusas o chinas. Los firmantes fueron el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Los términos divulgados por la Casa Blanca reservan al Departamento de Estado la compra del 20% de la producción a precio de coste y un derecho de primera opción sobre el 80% restante. La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono obtiene una participación del 35% en la matriz de NABEP. Además, el Gobierno estadounidense tendría poder de veto sobre los miembros del consejo, cuya mayoría serían ciudadanos estadounidenses. El acuerdo queda sujeto a la legislación y a los tribunales de Estados Unidos.

Según la Casa Blanca, NABEP ya es el segundo mayor operador petrolero de Venezuela, por detrás de Chevron. The Washington Post informó de que los primeros envíos del acuerdo comenzaron a llegar a finales de octubre de 2026. Trump presentó la entrega inicial de un millón de barriles como el botín de una toma de control estadounidense.

Respaldo oficial y controversia por las centrales eléctricas

Tanto Donald Trump como la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han defendido la experiencia de Betancourt en el sector energético. Rodríguez calificó el pacto de histórico y sostuvo que beneficia a ambos países y a la estabilidad energética internacional. Hegseth también se reunió con el empresario durante su reciente visita a Caracas.

Ese respaldo contrasta con el recelo de muchos venezolanos, que relacionan a Betancourt con la grave crisis eléctrica del país. A finales de la década de 2000, su anterior empresa, Derwick Associates, obtuvo contratos para suministrar equipos de generación de emergencia durante una etapa de apagones crónicos.

Derwick construyó nueve centrales. Varias aportaron mucha menos capacidad de la contratada, en parte porque sus turbinas eran obsoletas o no se adaptaban bien a la red. Betancourt rechaza esas versiones y afirma que el Gobierno probó y aceptó las instalaciones entre 2011 y 2013.

Investigaciones en el Congreso y transición política

El acuerdo también afronta escrutinio en Washington. Los demócratas, que ganaron el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026, preparan varias investigaciones, incluida una del Comité de Servicios Armados del Senado. La consultora Rystad Energy advirtió de que ese examen político podría retrasar hasta después de 2040 proyectos que representan unos 500.000 barriles diarios de producción potencial venezolana.

En Venezuela, Machado sigue siendo la figura política más popular, según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg realizada a principios de noviembre. El 58% de los encuestados tenía una opinión favorable de ella y el 56% dijo que la votaría en unas nuevas elecciones presidenciales, frente al 17% que respaldó a Rodríguez.

Machado regresó al país a finales de octubre y ha anunciado su intención de concurrir a las próximas elecciones presidenciales. Ni el Gobierno estadounidense ni el venezolano han fijado una fecha para la votación.

Mientras tanto, continúan en Caracas las negociaciones formales sobre la transición política, encabezadas por la exdiputada Dinorah Figuera y otros integrantes del Parlamento elegido en 2015, de mayoría opositora.